La normativa española de referencia que regula esta materia es la siguiente:
- El artículo 10 de la Constitución española garantiza el
derecho a la dignidad y el artículo 16 a la integridad física y moral de las
personas.
- Artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores: “los
trabajadores tienen derecho al respeto a su intimidad y a la consideración
debida a su dignidad, comprendida la protección frente al acoso por razón de
origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo”.
- El artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres establece: “las empresas deberán promover
condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo
y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las
denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del
mismo”.
- El artículo 12 del Real Decreto 901/2020 de 13 de Octubre, establece:
“que serán objeto de depósito voluntario las medidas, acordadas o no, que sean
adoptadas conforme a los artículos 45.1 y 18 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de
Marzo, para prevenir la discriminación entre mujeres y hombres, así como las
medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo
en el trabajo”.
Dicho lo anterior, todas las empresas, independientemente del
número de personas trabajadoras que tengan contratadas, tienen obligación legal
de tomar medidas de actuación, protección y prevención frente al acoso sexual y
por razón de sexo, y es el protocolo de acoso en el ámbito laboral el medio
para dar cumplimiento a dicha obligación.
La finalidad de dicho protocolo es eludir cualquier posible
intención ilícita y aumentar la sensibilización del personal. La empresa, para
ello, deberá tomar medidas y poner a disposición instrumentos para garantizar
la implantación dentro de la cultura empresarial, tales como:
- Elaboración de códigos éticos y política activa frente a la
violencia de género, donde se promuevan condiciones que eviten el acoso sexual
o por razón de sexo.
- Elaborar códigos de buenas prácticas.
- Realizar campañas informativas: charlas, folletos, jornadas,
etc.
- Facilitar los canales denuncias para recibir las
reclamaciones de los afectados, con total confidencialidad.
- Fomentar la formación específica al personal y de Recursos
Humanos para la detección preventiva.
El incumplimiento de la presente obligación puede ser
considerada como una infracción muy grave tal y como se recoge en el artículo 8
apartados 11 y 13 de la normativa correspondiente (Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto - Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social)
y como consecuencia de ello, con la posibilidad de imposición de sanciones muy
elevadas, que en determinados supuestos pueden llegar a 225.018 euros, que
podrían acarrear además, pérdida de bonificaciones y ayudas.
Para llevar a cabo dicha obligación, sugerimos a nuestros
clientes que contacten con su servicio de prevención ajeno en riesgos
laborales. Con todo, seguidamente le acompañamos modelos para su elaboración del Ministerio de Igualdad y de la Junta de Andalucía.
Para una mayor información:
- Ministerio de Igualdad: Información y modelos base para laelaboración del protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexualy al acoso por razón de sexo.
- Ministerio de Igualdad: Manual del protocolo para laprevención y actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.
- Junta de Andalucía: Protocolo para la prevención del acososexual y por razón de sexo.
Más información:
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