Información extraída de la exposición de motivos de la Ley
15/2022 (BOE: 13/07/2022), también conocida como Ley Zerolo:
El artículo 14 de la Constitución de 1978 proclama el
derecho a la igualdad y a la no discriminación, citando como motivos
especialmente rechazables el nacimiento, la raza, el sexo, la religión u
opinión, y prohibiendo la discriminación por cualquier otra circunstancia
personal o social.
Asimismo, la no discriminación se articula como un principio
básico de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948.
La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de
trato y la no discriminación, tiene la vocación de convertirse en el mínimo
común normativo que contenga las definiciones fundamentales del derecho
antidiscriminatorio español y, al mismo tiempo, albergue sus garantías básicas,
conscientes de que, en su estado actual, la dificultad de la lucha contra la discriminación
no se halla tanto en el reconocimiento del problema como en la protección real
y efectiva de las víctimas. En definitiva, no es una Ley más de derechos
sociales sino, sobre todo, de derecho antidiscriminatorio específico, que viene
a dar cobertura a las discriminaciones que existen y a las que están por venir,
ya que los desafíos de la igualdad cambian con la sociedad y, en consecuencia,
también deberán hacerlo en el futuro las respuestas debidas.
Son principios inspiradores de esta ley el establecimiento
de un marco legal adecuado para la prevención, atención y eliminación de todas
las formas de discriminación, el impulso de la aplicación transversal de la
igualdad de trato en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas
públicas, la coordinación entre las diferentes administraciones públicas y la
colaboración entre las mismas, los agentes sociales y la sociedad civil
organizada, todo ello para favorecer la corresponsabilidad social ante la
discriminación.
La ley persigue un doble objetivo: prevenir y erradicar
cualquier forma de discriminación y proteger a las víctimas, intentando
combinar el enfoque preventivo con el enfoque reparador, el cual tiene también
un sentido formativo y de prevención general. Para ello, el texto articulado se
caracteriza por tres notas: es una ley de garantías, una ley general y una ley
integral.
Es una ley de garantías que no pretende tanto reconocer
nuevos derechos como garantizar los que ya existen. En este sentido, desarrolla
el artículo 14 de la Constitución incorporando la amplia jurisprudencia
constitucional al respecto. Tal y como han acreditado los informes de diversos
organismos competentes, el gran problema en esta materia en España no es la
regulación de la igualdad y no discriminación, sino la garantía del
cumplimiento de las normas que la regulan.
En segundo lugar, se trata de una ley general, frente a las
leyes sectoriales, que opera a modo de legislación general de protección ante
cualquier discriminación. España ha hecho grandes avances en esta materia
durante los últimos años, especialmente en género a través de la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres. Asimismo, cabe destacar la firma del Pacto de Estado contra
la Violencia de Género en diciembre de 2017.
Esta ley está inspirada en la accesibilidad universal,
entendida, asumida y aplicada en todas sus vertientes: física, cognitiva,
actitudinal y de comunicación, dado que esta ley tiene sentido si los derechos
que recoge pueden ser disfrutados por todas las personas sin excepción, en
todos los ámbitos que le son de aplicación.
La ley se estructura en un Título Preliminar, que incluye su
objeto y ámbito subjetivo y objetivo de aplicación, y cinco Títulos. El Título
I de la ley contiene, en el Capítulo I, una parte básica de definiciones
acordes con los avances doctrinales y jurisprudenciales en la materia. Es
preciso destacar en este Título la definición y regulación de la discriminación
múltiple e interseccional y de las medidas de acción positiva adecuadas a este
tipo específico de discriminación por su trascendencia para el desarrollo de
las políticas de igualdad dirigidas a las mujeres, especialmente vulnerables a
este tipo de discriminación cuando al motivo de discriminación por razón de
sexo se le añade cualquier otro motivo previsto en la ley. Por otra parte, en
el Capítulo II se regula el derecho a la igualdad de trato y no discriminación
en determinados ámbitos de la vida política, cultural y social: empleo y
trabajo, educación, atención sanitaria, servicios sociales, en el acceso a la
oferta al público de bienes y servicios, seguridad ciudadana, vivienda y en
establecimientos o espacios abiertos al público. En relación con los medios de
comunicación y la publicidad, se prevé su sometimiento a dicha prohibición, así
como la promoción de acuerdos de autorregulación en la materia. Por último, se
aborda la igualdad de trato y no discriminación en el ámbito de la inteligencia
artificial y mecanismos de toma de decisión automatizados.
El Título II fija en su Capítulo I las garantías del derecho
a la igualdad de trato y no discriminación definiendo qué medidas de protección
comprende, ofreciendo como pretensiones posibles de la acción, la declaración
de nulidad, cese, reparación, prevención, indemnización de daños materiales y
morales, en este último caso, en línea con la jurisprudencia más reciente del
Tribunal Supremo y Constitucional, así como disposiciones relativas a la tutela
judicial y actuación administrativa contra la discriminación, reconociendo en
ambos ámbitos respectivamente, una legitimación colectiva a una serie de
entidades y organizaciones que tengan entre sus fines la defensa y protección
de los derechos humanos. También se regulan las reglas de la carga de la prueba,
de especial importancia en este campo, por la dificultad de su obtención. Por
otro lado, prevé el fomento de la formación especializada en esta materia de
los miembros del Ministerio Fiscal. En su Capítulo II, recoge el mandato a los
poderes públicos de promoción del derecho a la igualdad de trato y no
discriminación. Este mandato tiene en cuenta la importancia de la dimensión
transversal de la igualdad de trato y no discriminación, por lo que establece
la necesidad de elaborar una Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y no
Discriminación, como instrumento principal que permitirá planificar toda la
actividad del Estado en la materia. Asimismo, se incluye el principio de
colaboración entre todas las administraciones públicas. Además, en cumplimiento
de las observaciones de diversos organismos internacionales, se establece el
deber de los poderes públicos de recoger y sistematizar datos con vistas al
diagnóstico de la realidad y al diseño de las políticas más adecuadas en
materia de igualdad de trato y no discriminación.
En el ámbito de los medios de comunicación e internet, se
han adoptado diversas medidas a tener en cuenta tales como el Código de
Conducta firmado por diversas compañías con la Comisión Europea para la lucha
contra la incitación ilegal al odio en internet, la Recomendación núm. 15 de la
Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa
(ECRI) relativa a la lucha contra el discurso de odio o la Recomendación (UE)
2018/334 de la Comisión Europea sobre medidas para combatir eficazmente los
contenidos ilícitos en línea.
El Título III de la ley regula una de sus principales
novedades, la relativa a la tutela institucional, y más concretamente, la
creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No
Discriminación, un organismo independiente, unipersonal, basado
fundamentalmente en la auctoritas de su titular, que ofrezca protección frente
a la discriminación y promueva el cumplimiento del derecho antidiscriminatorio.
El Título IV de la ley recoge el régimen de infracciones y
sanciones en materia de igualdad de trato y no discriminación, una exigencia de
la trasposición de las directivas antidiscriminatorias que actualmente solo
existe en determinados ámbitos como el laboral y en relación con la discapacidad,
y cuya existencia fortalecerá las funciones de mediación o conciliación de la
Autoridad Independiente.
El Título V de la ley incluye los preceptos dedicados a la
información, atención integral y apoyo a las víctimas de discriminación e
intolerancia, incluyendo el asesoramiento y la asistencia, en especial la
sanitaria, y las medidas sociales tendentes a facilitar su recuperación
integral y atendiendo específicamente los casos en los que se hayan empleado
las redes sociales o las nuevas tecnologías para realizar las agresiones.
Por último, la norma se cierra con una serie de
disposiciones adicionales que recogen, entre otras, los plazos para la
constitución de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No
Discriminación y para la restructuración administrativa derivada de la
constitución de la misma, así como la asistencia jurídica a la Autoridad y su
designación. Se incluyen además varias disposiciones finales que recogen las
modificaciones legales necesarias para trasladar las previsiones de la ley al
ordenamiento jurídico vigente y para adecuar la normativa nacional a la
jurisprudencia comunitaria sobre materias relacionadas con la igualdad de
trato, así como el título competencial de la ley. Cabe destacar la preocupación
por el riesgo de que las redes informáticas y la información electrónica sean
utilizadas para la comisión de los delitos discriminatorios, por lo que se
facilita la adopción judicial de medidas cautelares que permitan el cese
inmediato y definitivo de la difusión de comportamientos discriminatorios,
contrarios a la igualdad y a la dignidad de las personas.
La presente ley entra en vigor el día 14/07/2022.
Normativa:
- BOE: Ley 15/2022.
Más información:
- El Derecho.
- Público.
- Onda Cero.
- RTVE.
- Diario de Sevilla.
- Cinco Días.
